Afortunada crisis en el TEPJF

La tremenda crisis política que se vivió dentro del Tribunal Electoral esta semana encuentra su origen en la pugna ruda y desnuda que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene, de un lado, contra las autoridades electorales y, del otro, contra el Poder Judicial.

Si el mandatario hubiese obtenido el control necesario en ambas cámaras del Congreso de la Unión, desde 2018 habría operado una cirugía mayor sobre ambas instancias, pero el voto popular no lo favoreció a ese punto.

Esta limitante, sin embargo, no lo obligó a guardar silencio sobre sus intenciones más sinceras. Para el Presidente, el Poder Judicial está poblado por juzgadores corruptos del antiguo régimen y los órganos electorales, destacadamente el Consejo general del INE, por detractores de la democracia.

Desde 2019, esta doble animadversión presidencial hizo corto circuito en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la primera víctima fue su entonces presidenta, Janine Otálora Malassis.

Originalmente esta magistrada recibió el mandato de presidir el Tribunal hasta noviembre de 2023, pero sus argumentos jurídicos alrededor de dos temas precisos la colocaron en situación vulnerable frente al gobierno entrante.

Esos temas fueron, por un lado, la sanción que el INE impuso al partido Morena por el Fideicomiso “Por los demás” y, por el otro, la ratificación del triunfo de la candidata panista Martha Erika Alonso como gobernadora de Puebla.

En enero de 2019 Otálora recibió presiones grandes para que presentara su renuncia al cargo de presidenta del Tribunal y éstas provinieron del poder Ejecutivo.

Se trató de una intromisión inconstitucional que terminó haciendo un daño cuyas consecuencias se han prolongado hasta nuestros días.

Tocará a la magistrada narrar un día públicamente las amenazas que recibió y las razones que la llevaron a no dar batalla.

También desde aquella fecha el magistrado José Luis Vargas mostró de qué estaba hecho, cuando corrió obsequiosamente para ofrecerse como abogado el gobierno lopezobradorista dentro del tribunal.

En concreto, acusó a la presidenta Otálora, sin otra prueba que el veneno y la intriga, de ser empleada de los intereses de la oposición. A partir de aquel momento no hubo pugna que opusiera a las autoridades electorales con el lopezobradorismo que Vargas no aprovechara para ratificar y vender su lealtad hacia la Cuarta Transformación.

En un principio habría sido un escándalo político que Vargas sustituyera a Otálora y por ello el magistrado Felipe Fuentes Barrera terminó sentado en el asiento de la presidencia.

Sin embargo, las fuerzas telúricas de la política continuaron haciendo daño en los cimientos del tribunal, lo cual condujo más adelante a que Fuentes perdiera el apoyo de la mayoría de los magistrados, el cual terminó basculando finalmente a favor del personero del partido en el gobierno dentro de esta instancia jurisdiccional.

José Luis Vargas tenía sin embargo un problema que lo habría de perseguir hasta el presente.

Conocido como “el magistrado billetes”, las cuentas de este funcionario y de varios de sus familiares llevan tiempo siendo investigadas por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

A lo anterior se suma un trato displicente y cada día más autoritario en contra del resto de sus compañeros.

No fue, por ejemplo, bien recibido que Vargas hiciera eco en las redes sociales de las opiniones presidenciales a propósito de las autoridades del INE.

Tampoco que presionara a los demás magistrados a votar en tal o cual dirección, o peor aún, a comprometer su voto antes de las deliberaciones.

En efecto, Vargas fue la peor carta que la Cuarta Transformación podía haber escogido como su representante dentro del Tribunal.

Déspota y arrogante, torpe y ambicioso, obsecuente y presuntamente corrupto, así es este sujeto tan empeñado en hacer crecer la disputa entre el INE y López Obrador, o peor aún, entre el Presidente y el Poder Judicial.

Contra lo que pueda suponerse, la reciente crisis vivida por el TEPJF podría terminar resolviendo de tajo las tensiones dentro de esa instancia, las cuales vienen ocurriendo desde la renuncia de Otálora.

De un lado está permitiendo que el Poder Judicial cierre filas frente a las pretensiones del presidente López Obrador, quien habría querido que los siete magistrados de la sala superior renunciaran.

El espaldarazo que el día de ayer aportó la cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a la decisión mayoritaria de destituir a José Luis Vargas, sutura la herida abierta entre la SCJN y el TEPJF en enero de 2019.

Del otro lado, la llegada de Reyes Rodríguez Mondragón permitirá también una relación más respetuosa y digna entre el TEPJF y el INE.

Esto no implica que la sala superior dará, a partir de ahora, razón en todo cuanto decida la autoridad electoral, pero sí significará un tono de mayor respeto entre esos dos órganos del Estado mexicano.

Este episodio tan comentado deja un par de lecciones que deberían aprovecharse: demuestra que, cuando el Ejecutivo se excede, los daños pueden ser graves y de largo plazo; también deja en claro que, cuando el resto de los actores de la República se comportan como gente grande, tanto la Constitución como el Estado democrático se ponen a salvo.

@ricardomraphael 

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