Y aunque el cómputo realizado por el Instituto Electoral de Michoacán dio como triunfador al morenista Alfredo Ramírez Bedolla, el proceso electoral todavía no ha culminado. Aún no hay una resolución o un desenlace definitivo.
La alianza PRI, PAN y PRD decidió judicializar los comicios y el caso será tema de discusión en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.
Esta ruta es la primera de la dos que buscará el equipo jurídico de los aliancistas que postularon a Carlos Herrera Tello como su candidato al Gobierno michoacano.
La segunda será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los abogados aliancistas argumentan que hay elementos suficientes para anular la elección del pasado 6 de junio.
“Estamos solicitando la nulidad de las elecciones de gobernador sobre todo porque no se reunieron las condiciones constitucionales y legales que establecen como principio para poder llevar a cabo una elección democrática”, dice el abogado Lenin Sánchez Rodríguez.
En rueda de prensa, el pasado lunes, el candidato Calos Herrera Tello puntualizó cada una de las razones por las que debe anularse el proceso comicial. Para él, entre otras cosas, hay sospechas de la intervención del crimen organizado y evidencias de que el Gobierno federal amenazó con quitarle los programas a los electores.
Y frente a los anuncios de un triunfo ya de Alfredo Ramírez, Carlos Herrera hizo un llamado al equipo del candidato morenista “a no comer ansias y a no engañar a la gente”.
El Equipo por Michoacán ha presentado 24 juicios de inconformidad por la elección del Gobernador del Estado.
Estos serán estudiados y dictaminados por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), primero, y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), después.
Paralelo a ello, el gobernador Silvano Aureoles Conejo ha iniciado una cruzada de denuncia y, consecuentemente, de anulación de las elecciones.
El mandatario michoacano acudió ante la Presidencia de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar pruebas de la intromisión del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio. Y muy prono lo hará evidente ante los diputados federales y organismos internacionales.
Así, aún no se puede decir que el proceso comicial ya culminó en tanto las autoridades electorales no ofrezcan un dictamen final sobre el mismo.
Incluso, ese veredicto podría concretarse el próximo 30 de septiembre.
