El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de fabricar delito al exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos y apoyó la decisión de Fiscalía General de la República (FGR) de exonerarlo.
«Lo más importante es la verdad y la justicia. Ayer resuelve la FGR que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, la DEA», expresó el mandatario durante su conferencia matutina.
Además, agregó: «nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, desde luego la corrupción. Pero, también, que no pueden haber represalias, venganzas y de que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera trátese de quien se trate».
López Obrador criticó el trabajo realizado por la DEA: teniendo en cuenta que la investigación contra el general mexicano comenzó en 2013, «no hay materia» en los documentos entregados a México desde EEUU, afirmó el presidente.
«Lo que veo es muy poco profesionalismo», dijo,
El mandatario afirmó que «consciente o inconscientemente», la Agencia Antidrogas trató de afectar la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos y al mismo momento cuestionó que la detención de Cienfuegos, ocurrida en octubre de 2020 en Los Ángeles, se diera días antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
«¿Por qué fue hasta las vísperas de la elección (que se dio la detención)? ¿Cuál era el mensaje? ¿De parte de quién?», preguntó.
López Obrador subrayó que dio instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que este 15 de enero se ponga a disposición del pueblo todo el expediente que envió el Gobierno de Estados Unidos en torno al caso.
«Completo para que pueda ser consultado, revisado, investigado por quien lo desee. Transparencia plena», agregó.
El mandatario mexicano también prometió que «si la DEA y el Gobierno de EEUU responde que tiene pruebas de otro tipo, también lo daríamos a conocer».
La Fiscalía informó la noche del 14 de enero que «del análisis correspondiente se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas».
Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre cuando llegaba al aeropuerto de Los Ángeles. Entonces, fue señalado por aceptar sobornos a cambio de proteger al cártel H2 durante su periodo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre diciembre de 2012 a noviembre de 2018.
Durante las audiencias que el general Cienfuegos tuvo en Estados Unidos, los fiscales del caso afirmaron en diversas ocasiones que la evidencia en su contra era sólida. Del mismo modo, la jueza Carol B. Amon, ante quien compareció el exfuncionario mexicano, indicó que las pruebas de la Fiscalía eran sólidas.
El 18 de noviembre, a petición del fiscal William Barr, Amon aceptó retirar los cuatro cargos en contra de Cienfuegos, quien posteriormente fue trasladado a México a la espera de ser investigado por las autoridades locales. Sin embargo, se informó que las evidencias presentadas en contra del exsecretario de Defensa de México son «principalmente circunstanciales«.
El 10 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó que, con el arresto del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, Estados Unidos violó su acuerdo de cooperación con el país latinoamericano, por lo cual, tras una protesta por canales diplomáticos, Washington reconoció su falta y decidió regresar al general para que la Fiscalía General de la República realice una investigación por cuenta propia.
«En el caso del general Cienfuegos existen acuerdos que no se cumplieron, porque antes los agentes del Gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían, y se les permitía porque no se defendía el principio de independencia y de soberanía de nuestra nación. No olvidemos lo que paso con el operativo Rápido y Furioso, cómo se permite que una de estas agencias lleve a cabo un plan para introducir armas a México con la anuencia de las autoridades mexicanas», acusó.
López Obrador envió el 8 de diciembre un proyecto de reforma para modificar la Ley de Seguridad Nacional mexicana, con la intención de regular la presencia de agentes extranjeros en México y obligarlos a actuar en el marco de la cooperación bilateral.
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó que la propuesta limitaría a los agentes extranjeros a realizar actividades de enlace para el intercambio de información con las autoridades mexicanas. Asimismo, se les retiraría su inmunidad por delitos o por sobrepasar los límites de su autoridad.
El 9 de diciembre, el Senado mexicano aprobó por 72 votos, 21 en contra y 1 abstención los cambios a la Ley de Seguridad Nacional propuestos por López Obrador.
