La iniciativa permaneció pausada por 19 meses, sin embargo, ha resurgido a unas semanas de que termine el periodo ordinario de sesiones
Aunque la iniciativa de ley para implementar un gobierno digital se presentó en el Congreso local desde el 31 de octubre de 2019 por el entonces diputado de Morena Alfredo Ramírez Bedolla y fue turnada a comisiones el 4 de noviembre de ese año, permaneció pausada por 19 meses.
Sin embargo, a unas semanas de que termine el periodo ordinario de sesiones y con la inminente llegada al Poder Ejecutivo del morenista, la iniciativa ha resurgido bajo el impulso de las diputadas del mismo partido Cristina Portillo Ayala y Laura Granados Beltrán.
Tal es el impulso que se le ha dado al documento, que el propio Ramírez Bedolla ya vislumbra su proyecto como un paso para descentralizar servicios y trámites, erradicar la práctica de la corrupción y el desarraigo de una burocracia excesiva y costosa, como lo manifiesta en sus redes sociales.
La ley de gobierno digital del Estado de Michoacán contempla la creación de la Comisión Coordinadora del Gobierno Digital (Cocodi), desde donde se echaría mano de diversas herramientas para ejecutar trámites y servicios digitales, ya que solo el 1 por ciento de las diligencias que se realizan en la entidad son bajo este concepto.
Del universo de 900 trámites que se elaboran por parte de la autoridad estatal, tan solo nueve se pueden efectuar por medio de las tecnologías de la información o las telecomunicaciones, se lee en el documento.
Empero, la iniciativa no precisa las acciones que se llevarán a cabo para su implementación, más allá de la creación de la Cocodi, desde donde se iniciaría el diagnóstico y evaluación en materia de Tecnologías de la Información (TIC´s) en temas de gobierno digital. Tal es el caso del diseño, los programas, las soluciones e instrumentos para concretar este tipo de política pública.
Asimismo, se propone que la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) tenga una dirección o unidad administrativa de gobierno digital que dé seguimiento al cumplimiento de la ley, pese a no haber ningún diagnóstico previo.
El documento también incluye el concepto de ventana digital única, para que los trámites que se realicen previo a contar con una firma electrónica avanzada reduzcan costos, materiales y recursos humanos al gobierno del estado.
“Ante la grave crisis presupuestaria que padecemos en nuestro estado, como ejemplo tenemos que hay 273 plazas de cajeros en la Secretaría de Administración y Finanzas, según la Plantilla de Personal, por Jornada y Nivel”, se detalla en la propuesta.
Al respecto, Juan Manuel García García, especialista en seguridad de la información, dijo en entrevista exclusiva que Michoacán tiene un rezago de más de 10 años en la implementación de tecnologías de la información en ámbitos gubernamentales, por lo que la ley es muy necesaria, tanto para los usurarios como para la disminución de costos que representará para el gobierno del estado.
Lo cierto, expresó, es que la implementación de los servicios digitales debe hacerse con mucho cuidado, ya que para que funcione, todos los documentos digitales deberán tener una validez legal.
Entre las consideraciones que debe haber es cómo validar un documento digital para que sea auténtico y valga lo mismo que un documento impreso, por lo que primero se deberá habilitar la firma electrónica tanto para el ciudadano como para el mismo gobierno, ya que ésta sería la identificación oficial de los ciudadanos ante el poder del estado.
Primero, que todos tengan conexión
El docente del Tecnológico de México, campus Morelia, afirmó que implementar la ley es también un reto importante en términos materiales, pues un gobierno digital descansa en toda una infraestructura de telecomunicaciones.
“Es bien sabido que no todos los ciudadanos tienen una conexión estable o suficiente de internet, eso primero debe de resolverse sobre todo en regiones en las que ni siquiera se garantiza la energía eléctrica”, apuntó.
El riesgo que se corre es tener dos gobiernos, mencionó: el digital, dirigido hacia un sector de la población con cierto poder adquisitivo, y un gobierno no digital para las clases más desprotegidas, lo que ahondará la brecha que existe.
Con 30 años de experiencia, García García considera que contar con una ley digital abonaría a que egresados del propio instituto que representa dejen de migrar a otras entidades o países, pues se genera una industria que los capta. Actualmente, abundó, en Michoacán la industria del software es muy pequeña y no se ha denotado.
