La presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que establecen las acciones que las secretarias de Gobernación y de Seguridad Pública, llevarán a cabo para gestionar la preliberación de personas sentenciadas, que se encuentren en prisión preventiva o hayan sido víctimas de tortura, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Entre ellas se encuentra, el análisis de la información contenida en las bases de datos de personas privadas de la libertad que sean adultas mayores y cuenten con sentencia ejecutoriada, a fin de verificar si cumplen con los requisitos previsto en la ley para obtener la preliberación.
También identificarán los casos de prisioneros que hayan sido víctimas de tortura, acreditada con los dictámenes correspondientes al Protocolo de Estambul, de los que se desprenda que con dicha violación se obtuvo la única prueba incriminatoria en su proceso penal.
De igual manera, ubicará aquellos casos de personas en prisión preventiva que exceda los dos años, para hacerlos del conocimiento de las autoridades competentes y se realicen las acciones pertinentes para solicitar la liberación.
Asimismo, identificaran a adultos mayores de 70 años con una enfermedad grave o terminal, que se encuentren en prisión preventiva y no se caigan en alguno de los supuestos que establece el artículo 55 del Código Penal Federal, para que la prisión se ejecute en su domicilio.
Esta decisión fue anunciada por el presidente López Obrador el pasado 29 de julio de 2021 durante su conferencia matutina.
En cuanto a la tortura, quien alegue estos malos tratos – y se compruebe a través del protocolo de Estambul- también se podría solicitar la excarcelación, detalló la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
