Guatemala, Honduras o Colombia otorgan pagos de un mes de salario. México es uno de los países en los que el aguinaldo es más austero para quienes laboran en las empresas del sector
El monto del aguinaldo, equivalente a 15 días de salario, “ha resultado totalmente insuficiente”, por lo que “es urgente y justo que dicho beneficio se incremente”, sostiene el diputado federal Reynel Rodríguez Muñoz (PRI). El legislador presentó ante la Cámara Baja una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para ampliar el pago de esa prestación a por lo menos 40 días de salario.
La crisis global inflacionaria, derivada de la pandemia de covid-19, ha provocado que los salarios y prestaciones de las personas trabajadoras se queden cortos ante el alza de precios, señala el diputado en la iniciativa que será analizada en comisiones. Millones de personas que se han contagiado de esta enfermedad han enfrentado fuertes gastos en la salud y, a estas alturas del año, difícilmente podrán afrontar la compra de alimentos y otros pagos, dice.
El aguinaldo es un derecho laboral establecido en la legislación mexicana. Las personas servidoras públicas reciben, por lo menos 40 días de salario. El artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que la mitad se les pagará antes del 15 de diciembre y el otro 50%, a más tardar el 15 de enero.
Pero para quienes trabajan en empresas privadas, el artículo 87 del LFT ordena un pago de por lo menos 15 días de su salario, el cual deberán recibir ante del 20 de diciembre. Ese monto aplica para las personas que llevan más de un año en el centro laboral. Quienes no hayan completado ese periodo “tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste”, se especifica en dicho ordenamiento legal.
El diputado Reynel Rodríguez ha propuesto modificar dicho artículo no sólo para ampliar el aguinaldo a 40 días de salario, sino que además, a partir del tercer año de servicio, las trabajadoras y los trabajadores recibirán un día más de pago cada año subsecuente de servicios. Es decir, en el tercer año de antigüedad las empresas les deberán pagar 41 días y así consecutivamente.
En el artículo segundo transitorio del proyecto de reforma, el legislador prevé que el aumento a 40 días será de forma gradual. Sin embargo, no señala de qué manera y en cuánto tiempo se llegaría a ese monto. La iniciativa fue enviada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, que preside por segunda ocasión consecutiva el diputado Manuel Baldenebro (Morena).
México es uno de los países de América Latina que ha conquistado este derecho, no obstante, donde los empleadores pagan los montos más bajos. En Guatemala, las empresas están obligadas a pagarles mínimo un mes de salario. La iniciativa privada en Brasil, Colombia, Honduras y Uruguay les otorga a los trabajadores y las trabajadoras un 13º mes de salario a final de año, es decir, su aguinaldo equivale también a un salario mensual.
“Chile es el único país del continente que omite este pago obligatorio, como muchos países caribeños como Jamaica y Trinidad y Tobago, donde los trabajadores no tienen este derecho”, de acuerdo con el reporte Medición del costo del trabajo asalariado en América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En Estados Unidos las personas trabajadoras tampoco reciben aguinaldo, algunas empresas otorgan bonos de Navidad, pero no están obligadas a ello.
Y tanto en México como en los países latinoamericanos que reconocen esta prestación, el pago está demasiado ligado a la formalidad, lo cual reduce el número de personas que podrían recibirlo. Muchas laboran por su cuenta y otras están contratadas por alguien más que no reconoce el vínculo laboral, no les ha inscrito a la seguridad social y difícilmente les pagará el aguinaldo que marca la ley.
De acuerdo con la OIT, “la recuperación parcial del empleo (en América Latina y el Caribe) ha estado liderada por el crecimiento del empleo informal. Estas ocupaciones han dado cuenta de alrededor del 70% o más de la creación neta de puestos de trabajo en varios países de la región”.
En el tercer trimestre de 2019, antes de la pandemia, 31.2 millones de personas laboraban en la informalidad, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). En el mismo periodo, pero de 2021, sumaron 31.3 millones de personas. Sólo en 2020, el año más crudo de la covid-19, esa población cayó a 27 millones, pero no fue que se pasaron a la formalidad, sino que no podían laborar ni siquiera en la informalidad. La tasa de ocupación informal para las mujeres ha sido más alta.
