El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, estima que, conforme a la investigación y sus avances, el gobierno de Alfredo Ramírez podría llegar a presentar hasta 18 denuncias
No se ha podido cuantificar el monto del posible daño al erario en la administración de Silvano, declaró Torres Piña
«Desde varios frentes se estrecha el cerco en torno al exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo«, destaca la revista Proceso en su edición de este fin de semana, a través de un artículo en el que se retoman las seis denuncias penales que ya presentó la administración de Alfredo Ramírez Bedolla por los presuntos delitos relacionados con daño al erario, peculado y mal manejo de los recursos públicos.
El artículo, firmado por el periodista colimense Pedro Zamora Briseño, resalta que, además de la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República en contra de Aureoles Conejo y varios de sus colaboradores, se acumulan las denuncias que recientemente presentó la administración estatal ante instancias del ámbito federal y local, y a las cuales se suman observaciones realizadas por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) por presuntas obras de deficiente calidad, así como una demanda de juicio político ante el Poder Legislativo a raíz de presuntas anomalías evidenciadas por productores en un programa ganadero.
Según declaraciones del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, a Proceso, “cada vez salen más” aparentes irregularidades en el manejo que el gobierno silvanista hizo de los recursos públicos, por lo que no se ha podido cuantificar el monto total del posible daño al erario público, pero sería millonario.
CORTESÍA
Con base en la información que el pasado 21 de febrero hizo pública la titular de la Secretaría de la Contraloría, Azucena Marín Correa, las primeras seis denuncias que presentaron en materia penal implicarían una afectación al erario por más de 5 mil millones de pesos.
La funcionaria pormenorizó que cuatro de las denuncias fueron interpuestas contra exfuncionarios y el representante legal de una empresa privada, ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).
Lo anterior, por los probables delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Si bien durante la charla con el periodista el encargado de la política interior del estado se reservó los detalles de las investigaciones para no afectar el debido proceso, precisó que entre los hallazgos destaca la firma de contratos con una empresa sin capacidad económica y jurídica suficiente para prestar el servicio, además de que se realizaron pagos con cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles por encima de su valor comercial por más de 652 millones de pesos.
Añade que también fueron presentadas dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra siete exfuncionarios, que aún podrían ampliarse si, como resultado de las investigaciones, hay más personas implicadas, toda vez que detectaron documentos alterados, cheques extraordinarios a las percepciones salariales y transferencias a empresas calificadas como irregulares por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Torres Piña indicó a Proceso que, conforme a la investigación y sus avances, el gobierno de Ramírez Bedolla podría llegar a presentar hasta 18 denuncias.
El artículo retoma que el gobierno morenista había evidenciado que la administración de Aureoles Conejo gastó mil 227 millones 865 mil 800 pesos en la renta de helicópteros y un avión sigiloso, mediante un contrato otorgado por adjudicación directa a la empresa B3 Fly Services SA de CV que se constituyó 14 días antes de la firma de la transacción. No omitió señalar la falta de bitácoras que justificaran el uso que tuvieron las aeronaves.
En el recuento de las posibles irregularidades, la publicación no pasó por alto los 5 mil 186 millones de pesos destinados por los perredistas a cuarteles regionales de la Policía Estatal en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Huetamo, Uruapan y Zitácuaro, con énfasis en que tan sólo la construcción de éstos tiene un aparente sobrecosto de más de 3 mil millones de pesos.
En este caso llama la atención que la construcción se hizo sobre terrenos arrendados durante años, los cuales fueron adquiridos días antes de la conclusión del pasado sexenio.
Menciona, también, la erogación de 34 millones de dólares por un software para monitorear constantemente las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo el estado a una empresa propiedad de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, ambos acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. Tampoco hay registro del uso que se le dio a este software.
