La decisión tomada por Felipe Calderón, hace 16 años, para que el Ejército se hiciera cargo de la seguridad pública en algunas zonas del país, nos llevó a experimentar sus fatales consecuencias.
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se comprometieron, en sendas campañas electorales, a devolvernos paz, seguridad y civilidad, pero una vez en el poder ambos elaboraron propuestas para consolidar, a través de la legislación e incluso de reformas constitucionales, el modelo militarizado de seguridad pública.
Así, los tres últimos presidentes mexicanos han insistido en una política de paz y seguridad sustentada en una estrategia militarizada, argumentando la incapacidad operativa de las corporaciones policiales para hacer frente al crimen organizado.
La Guardia Nacional fue creada en mayo de 2019 por iniciativa de López Obrador como una institución de carácter civil y encargada de realizar tareas de seguridad pública para reemplazar a la ya desaparecida Policía Federal, sobre la que pesaban numerosas denuncias por corrupción.
Aunque la reforma constitucional que dio lugar a su creación también establecía entonces que los militares se retirarían de las calles en 2024, esto ya no será posible ahora que la propia Guardia Nacional pasará a formar parte de la Sedena.
La evidencia es contundente, las corporaciones militares mexicanas han incurrido en graves violaciones a los derechos humanos.
Cuando era oposición, López Obrador fue muy crítico de sus dos antecesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por recurrir a los soldados para enfrentar a los grupos criminales en las calles, en medio de denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos.
La Cámara de Diputados aprobó el sábado, de manera expedita, una iniciativa del mandatario para que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de Defensa (Sedena) y este martes el Senado, de mayoría oficialista, podría refrendar las reformas legales, consideradas de inconstitucionales por los expertos.
Activistas y opositores han criticado a la militarizada Guardia Nacional por supuestas violaciones a los derechos humanos durante sus operativos para contener la migración a través del país, entre otras acusaciones.
López Obrador ha alardeado de haber bajado la cifra mensual de homicidios dolosos por primera vez en varios mandatos, pero eso no va a evitar que su sexenio (2018-2024) se convierta en la gestión presidencial con la mayor cantidad de esos crímenes de la historia del país, desde que se tienen datos.
«Es una clara militarización de México. Y no es solo entregar la seguridad pública al ejército: es también aumentar el poder que ya tiene, lo que es peligroso y preocupante».
«Los militares están entrenados para derrotar al enemigo y usar la fuerza letal contra quien usa un uniforme extranjero identificable… pero, en la práctica, cualquier civil puede ser un enemigo. No tienen un reclutamiento o profesionalización policial como lo mandata la Constitución».
La Guardia Nacional por la implicación que militares han tenido en los últimos años en violaciones graves de derechos humanos. La última es la de la familia de Heidi Pérez, una niña de 4 años que murió por un balazo disparado presuntamente por soldados en Tamaulipas la semana pasada.
Efrén Domínguez White *Consultor de marketing político.
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