El “Plan B” en materia electoral es el más regresivo y con mayor número de inconstitucionalidades en la historia de México. David Alejandro Delgado Arroyo
Quien anticipó que además de la controversia constitucional que presentará el Consejo Nacional Electoral, de manera individual, funcionarios que forman parte del Servicio Profesional Electoral Nacional y personal del Instituto Nacional Electoral presentarán miles de amparos laborales administrativos.
Señaló que en el caso específico del estado, en breve lo promoverán 145 personas, por lo que también podría convertirse en la reforma con el mayor número de medios de impugnación en contra.
“Es el dictamen de reforma electoral más regresivo, con mayor número de inconstitucionalidades de la historia de este país, es realmente lamentable que legisladores y legisladoras no hayan considerado aspectos técnicos que se tienen (…) Es inmensa la cantidad de inconstitucionalidades, de irregularidades, contradicciones y pésima redacción”.
Ejemplificó entre los aspectos más graves la desaparición de las 300 juntas distritales, 12 de las cuales corresponden a Michoacán, al precisar que un vocal operativo no atenderá los requerimientos; la reducción del 13 al 10% en el porcentaje de ciudadanos insaculados, además de permitir la acreditación de representantes de partidos 48 horas antes de la jornada y su sustitución el día de las elecciones, ya que permitiría “filtraciones”.
El vocal Ejecutivo aseguró que, de no suspenderse, estaría en riesgo no solo la elección federal del 2024, sino todas las que se realicen a partir de que entró en vigor la reforma, ya que no se tendrían los elementos para resolver todas las problemáticas, en un “país con tanta desconfianza electoral como es México”
“Por supuesto, de todos, de gubernaturas, de diputaciones locales, de ayuntamientos, también los OPLES tendrán una afectación, la ley dice que solo operarán con 2 direcciones ejecutivos, ahí tendría efectos el Plan B.”
Explicó que en Michoacán cerca de 200 trabajadores del INE en Michoacán resultarían afectadas, mientras que a nivel nacional se necesitarían cerca de 3 mil 500 millones de pesos para liquidar al personal que tendría que despedirse y que tendría que tomarse del Fideicomiso del Pasivo Laboral, que solo alcanzaría para el 10%.
