A un año de que el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fuera arrestado por el gobierno de Estados Unidos (9 de diciembre de 2019) que lo acusa de cargos por tráfico de drogas, falsedad de declaraciones y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa para permitir su operación; el gobierno mexicano ya solicitó de manera formal, su extradición al país.
Esto sucede luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una investigación y girara una orden de aprehensión en contra de García Luna por supuestos delitos patrimoniales relacionados con empresas y contratos obtenidos de varios gobiernos, pero no por delitos relacionados con el narcotráfico, que son los cargos que pesan sobre él en la Unión Americana.
De acuerdo a la FGR, las declaraciones patrimoniales del ex secretario de Estado, “evidentemente no coincidían con lo que él había percibido por salarios y otros ingresos”.
Este martes, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, advirtió que el proceso será largo y el acusado tiene derecho a defenderse.
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“Los procesos de extradición son largos, porque desde luego, el que es sujeto a una solicitud de extradición tiene derecho a defenderse, entonces ya se presentó y ahora viene un proceso de extradición que estimamos va a ser largo, no es un proceso corto y veremos qué es lo que resuelve el o la juez que conozca el caso, ese es el origen y esos son lo que esperamos sean los siguientes pasos”, indicó.
No obstante, 365 días después de su detención en Dallas, Texas; el juicio en contra de García Luna aún no inicia, pero la fiscalía estadounidense asegura que ya cuenta con más de 950,000 páginas de documentos con pruebas como intercepciones de llamadas telefónicas y el testimonio de testigos -entre ellos, numerosos narcotraficantes importantes- en contra del segundo hombre más poderoso en el sexenio calderonista.
La detención del llamado “súper policía” -quien fue muy cercano a la DEA y a la CIA-, sacudió los entretelones de la política nacional, toda vez que se trataba del primer exfuncionario mexicano de alto nivel en ser detenido en los Estados Unidos y sobre quien pesaban acusaciones por narcotráfico. Sin embargo, hasta hace poco menos de un mes, el gobierno mexicano no había pedido su extradición por los presuntos delitos cometidos en tierra azteca.
El caso contrasta enormemente con lo sucedido tras el arresto del General Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, detenido el pasado 15 de octubre, cuando llegó junto con su familia al aeropuerto de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Lo acusaron de nexos con el narco.
Luego de la sorpresa del arresto, un hecho inédito ya que ningún exsecretario de Estado mexicano y menos de la talla de un extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, había sido arrestado en el extranjero acusado por vínculos con el narcotráfico; vino otra sorpresa aún mayor: el gobierno mexicano desconocía la investigación en contra del General.
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El argumento fue todavía peor: el gobierno estadounidense -que se supone, es aliado de su homólogo mexicano-, desconfiaba de la administración nacional, y ante el temor de que fuera ayudado y escapara, la Unión Americana no informó a México sobre la investigación que pesaba sobre el General, quien hace poco más de dos años fue condecorado por el Ejército de Estados Unidos.
En un inicio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la captura del militar y dijo que era una muestra de la corrupción que había en administraciones anteriores. Sin embargo, tras la molestia y la presión que ejercieron las Fuerzas Armadas, el gobierno mexicano pidió la entrega del General, comprometiéndose a investigar al extitular de la Defensa Nacional.
Tras una intensa negociación con el gobierno estadounidense, la Fiscalía de aquel país retiró los cargos en contra del militar y lo regresó a México el pasado 18 de noviembre. El General llegó al aeropuerto de Toluca, custodiado por elementos estadounidenses.
Aunque el agente del Ministerio Público Federal notificó formalmente al General Salvador Cienfuegos de la existencia de una investigación que tiene como base la información que recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el extitular de la Sedena no fue detenido.
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Y es que a diferencia del caso de García Luna, el gobierno mexicano no tiene ninguna orden de aprehensión en contra de Salvador Cienfuegos y se encuentra en su casa.
Para el exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Mike Vigil, las evidencias que tiene Estados Unidos en contra de Cienfuegos son fuertes y prueban que está ligado con el narcotráfico mexicano, dijo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, para el programa “Los Periodistas” de La Octava, el pasado 7 de diciembre.
“Muchos aquí en EEUU saben que el general Cienfuegos estaba metido -la evidencia es contundente- que no nomás protegiendo a este grupo H2, también estaba reclutando a otros oficiales mexicanos para que también brindaran protección”, señaló.
Incluso, aseguró que el expediente de Estados Unidos contra Cienfuegos Zepeda es más contundente que el que se tiene contra Genaro García Luna. Aún así, el militar en retiro fue entregado a México y se desistió de la investigación.
Sobre García Luna, Vigil dijo que no sabe si es inocente o culpable. “Sólo puedo decir que nosotros, dentro de la DEA, trabajamos muy bien con él. Nunca vi algo que comprometiera una investigación, aseguró.
A casi un mes de haber llegado a México, el General Salvador Cienfuegos sigue libre, a diferencia de Genaro García Luna que tiene un año preso en una cárcel de Nueva York, sin que hasta el momento se tenga certeza si será enjuiciado en los Estados Unidos o será concedida su extradición a México.
