Al menos nueve integrantes del gabinete de Jaime Rodríguez figuran como principales colaboradores en la recolección de firmas para su campaña presidencial.
Tras la detención del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, por su probable responsabilidad en delitos electorales, algunos de los principales elementos de su gabinete podrían verse afectados por el rumbo de la investigación.
En enero de 2018, se dio a conocer que distintos funcionarios estaban usando su horario laboral para recabar firmas a favor de la candidatura presidencial del entonces gobernador, haciendo uso de su posición como funcionarios y percibiendo su sueldo completo como si laboraran su jornada completa.
Rodríguez Calderón argumentó que lo hacían en sus horas libres, aunque los registros del Instituto Nacional Electoral demostraron lo contrario.
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Dentro del listado de personas registradas ante el INE para recabar firmas se encuentran el Secretario de Gobierno, Manuel González; el secretario de Salud, Manuel de la O; el secretario de Infraestructura, Humberto Torres; la contralora estatal, Nora Elisa Cantú; el tesorero estatal, Carlos Garza; la Secretaria de Desarrollo Social, Luz Natalia Berrún; el titular de la Coordinación Ejecutiva, Gerardo Guajardo; el Secretario de Educación, Arturo Estrada; y Nelson Doria, Secretario Particular de Jaime Rodríguez.
Derivado de esto el entonces dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Samuel García y la exdiputada local, Mariela Saldívar presentaron una denuncia en contra del mandatario. Denuncia que motivó la detención de Jaime Rodríguez este 15 de marzo.
El doctor Manuel de la O supervisó en su momento el programa Aliados Contigo, una dependencia que pretendía detectar problemas de pobreza y gestionar soluciones, sin embargo, cerca de la mitad de la plantilla adscrita a este organismo fue registrado en la misma plataforma para recabar más firmas que al final representaron un porcentaje importante del total presentado al INE.
Manuel González aseguró que personalmente él no había incurrido en ninguna falta pues la clave necesaria para dar de alta sus aportaciones había sido usada por su hija y no había interferido con las labores de Gobernador Interino que adquirió luego de que Rodríguez Calderón pidiera licencia para promover su candidatura presidencial.
Por su parte, Humberto Torres, el responsable de los negocios de obra pública, hombre de toda la confianza de su ejecutivo y en su momento candidato potencial para gobernador interino de Nuevo León, fue sospechoso de triangular recursos a la campaña presidencial de su jefe pues de acuerdo con el INE, en noviembre de 2017 transfirió 1, 119,952 pesos desde una de sus empresas a una cuenta de Rodríguez y poco después otros 240, 000 a la asociación civil «Viva la Nueva Independencia», creada para recibir apoyos de simpatizantes.
En septiembre de 2019 la Sala Regional del Tribunal Electoral de la federación ordenó sancionar a 572 funcionarios participaron en la recolección irregular de las firmas, sin embargo, los responsables de dictar estas repercusiones serían sus superiores; además dictaminó que tanto el candidato presidencial como el gobernador interino eran responsables de no evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó que Rodríguez Calderón podría ser llevado a un juicio político.
