Los delitos en los que más se incurre son el uso ilícito de sus atribuciones, negación del servicio público, peculado, abuso de autoridad y cohecho
De acuerdo a datos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el último año se abrieron investigaciones a 396 servidores públicos de Michoacán. Los delitos en los que más se incurre son el uso ilícito de sus atribuciones y facultades, negación del servicio público, peculado, abuso de autoridad y cohecho
Al presentar su Tercer informe de Acciones y Resultados en el Combate a la Corrupción, el fiscal anticorrupción, Alejandro Carrillo Ochoa, puntualizó que de los cerca de 400 funcionarios investigados, 69 son del Poder Ejecutivo, tres del Congreso del Estado, 16 del Poder Judicial, mientras que dos laboran en organismos autónomos y 308 en ayuntamientos.
Dentro del periodo comprendido del mes de abril de 2020 a marzo del presente año, del cual rindió informe el fiscal, la mayor cantidad de servidores públicos investigados correspondió a gobiernos municipales, entre los que destacaron La Piedad, Churinzio, Tangancícuaro, Zamora, Cotija, Pajacuarán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Morelia.
Del Poder Ejecutivo fueron investigados 69, de los cuales 13 fueron mujeres, 55 hombres y uno desconocido, expuso Carrillo Ochoa. Mientras que del Congreso de Michoacán, se investigaron tres servidores públicos, siendo todos del sexo masculino.
En lo que respecta al Poder Judicial, se investigaron 16 funcionarios, cinco mujeres y 11 hombres. En tanto que siete servidores públicos de tres organismos autónomos también fueron parte de alguna carpeta de investigación. Asimismo, fueron indagados 12 ciudadanos (dos mujeres y 10 hombres) y 14 personas jurídicas.
En el último año, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió 927 solicitudes de investigación, entre las que destacan 298 peticiones de información. Empero, más de 800 casos no terminaron en un proceso de investigación, porque no cumplían con las condiciones para ello.
El fiscal puntualizó que durante abril de 2020 y marzo de 2021 se abrieron 123 carpetas de investigación, mismas que sumadas a las que ya se tenían en seguimiento, conformaron un universo de 186. Del total, 13 fueron los casos judicializados en este mismo periodo. De algunos de éstos hubo reparación del daño, reportando 4 millones 997 mil pesos recuperados en un año.
Carrillo Ochoa detalló que derivado de las investigaciones, en un periodo de 12 meses hubo más de 535 notificaciones a los involucrados en las investigaciones por corrupción, se llevaron a cabo 30 audiencias virtuales y ocho presenciales, además de realizar cinco privadas virtuales para solicitar órdenes de aprehensión o comparecencia.
De acuerdo al tercer informe de trabajo de la fiscalía anticorrupción, de las 13 carpetas que se encuentran judicializadas, el status actual es el siguiente: 7 están en espera de audiencia de vinculación, 2 fueron resueltas a través de Medios Alternos de Solución de Conflictos en sede ministerial, y otras 2 fueron sobreseídas, es decir, que fueron interrumpidas por falta de pruebas.
El titular de la dependencia que labora con poco más de 20 personas y un presupuesto de poco más de 8 millones de pesos, siendo de los más pequeños, respecto al resto de las instancias de gobierno estatal, señaló que además de la judicialización hay otras formas en las que pueden terminar las carpetas de investigación.
Puntualizó que una de ellas es a través de solución de centros de controversias, en los que se resuelve el conflicto entre las partes involucradas, antes de llegar a un tema de judicialización.
Otra forma es el “no ejercicio de acciones penales” porque, enfatizó, la fiscalía es una figura de buena fe y debe recibir todas las denuncias y solicitudes que lleguen, pero después de las investigaciones puede concluirse que no hay delito que perseguir.
La abstención de investigación es otra de las posibilidades, y a ella se acude cuando el asunto no tiene apariencia de delito, no es competencia, o ya está prescrito. Mientras que una más de las opciones de seguimiento de las carpetas es que se vaya al archivo temporal, cuando las pruebas resultan insuficientes para lograr determinar la responsabilidad del imputado.
En Michoacán la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y su creación derivó de una reforma en 2015, sin embargo, a decir del fiscal, los retos son grandes ya que la capacidad operativa de la dependencia aún no es suficiente para atender de manera idónea los casos que llegan.
Consideró que este último año fue especialmente complejo, pero aún así hubo un crecimiento tanto en atención a casos como en ampliar las áreas dentro de la fiscalía.
