El juez Gómez Fierro lo hace de nuevo: concede suspensión provisional contra registro de datos biométricos
El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la primera suspensión provisional contra la reforma que obliga a los ciudadanos a entregar sus datos biométricos si quieren gozar de una línea de telefonía móvil. Lo hizo por dos motivos: porque considera que la reforma “podría no ser idónea ni proporcional” y porque la obligatoriedad de entregar biométricos tiene repercusión para el disfrute de derechos constitucionales.
El juez Gómez Fierro ha sido la piedra jurídica en el zapato del Gobierno de López Obrador y su mayoría legislativa. Está en la mira del presidente por su aplicación de la ley para proteger a los inconformes de las reformas en materia energética, primero contra los acuerdos de escritorio del Gobierno federal y luego contra los cambios legislativos. Todo, desde el legítimo derecho que la Constitución confiere a los ciudadanos.
Gómez Fierro es titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa con especialización en competencia económica y telecomunicaciones. Llegó al puesto el 16 de febrero de 2020, en sustitución de la jueza Silvia Cerón Fernández, y tiene buena reputación entre los abogados que han litigado en su juzgado. Es coherente en su criterio jurídico, con técnica, especificidad y minuciosidad, me dijeron abogados que consulté hace unas semanas.
Eso es evidente en sus resoluciones. La más reciente, sobre el padrón de datos biométricos de usuarios y titulares de líneas de telefonía móvil, ofrece un abordaje integral sobre la repercusión de la nueva norma, aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión el 13 de abril pasado.
