Preocupa al sector privado que se dispare este escenario -que ya alcanzó niveles récord- con la desaparición del INAI.
El 2020, México alcanzó niveles récords en adjudicación directa. De esta manera se asignaron contratos por 189.5 mil millones de pesos, representando el 42% de total de las contrataciones públicas del gobierno durante el año pasado.
Es uno de los temas que más preocupa en el sector privado respecto a la propuesta de desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
Este año, el presidente López Obrador afiló su discurso contra los órganos autónomos, en la mira ha puesto puntalmente al regulador en telecomunicaciones (IFT) y al INAI, bajo el discurso de que requieren cantidades millonarias del presupuesto público en tanto que realizan tareas que podrían ser absorbidas por las dependencias federales.
Eso, sin dejar de señalar que su origen ha sido solo “la simulación”, pues a pesar de ellas, la corrupción y los monopolios persisten en el país.
Aunado a estas críticas, también se encuentra en discusión la probabilidad de modificar las leyes de Banxico.
Estos escenarios generan fuertes preocupaciones en distintos ámbitos de la economía en el sector privado, pero, sobre todo, en las charlas de sus representantes surge la observación de que esta administración ha incrementado las asignaciones de manera directa.
Los datos duros recopilados por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) ponen de manifiesto la problemática, pues explican que, si bien podrían justificarse por la emergencia sanitaria desatada el año pasado, los expertos afirman que el 73% correspondieron a obra pública.
Es un tema que pone en entredicho la principal batalla del presidente López Obrador que es la de combatir la corrupción. Los expertos que trabajan de la mano con el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), también advierten que la invitación de estas licitaciones “ha estado restringida a tres postores”.
“Es probable que haya que hacer algunos ajustes a los órganos independientes”, reconocen los expertos del CEESP, no obstante, afirman que su eliminación es una amenaza “por su papel en la tan subrayada y anhelada desaparición de la corrupción”.
Además, agregan que es “jurídicamente incorrecto” pretender que el INAI se traslade a la secretaría de la función pública, ya que el instituto cuenta con las competencias necesarias para actuar con autoridad suficiente frente al Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, la administración pública federal y los demás organismos autónomos. “Una secretaría del Ejecutivo no podría actuar frente a esas autoridades del Estado”.
La presión por impedir la desaparición de este órgano autónomo, que surgió durante la administración de Vicente Fox, se suma a la que se ejerce para evitar que continúe la intención de reformar las leyes de Banxico, propuesta inicial de Ricardo Monreal y que, acusan incluso los mismos funcionarios del banco central, atentaría contra su autonomía. Un reclamo que preocupa a instituciones internacionales y agencias crediticias.
“Hay que reconocer que el riesgo es que con ello se abra la posibilidad de nuevos intentos de modificar estructuralmente la Ley del Banco de México en beneficio de intereses políticos, principalmente”, explican los especialistas del CEESP.
Vale recordar que en la 4T han surgido propuestas para usar las reservas internacionales en aliviar la deuda de Pemex.
