Con votos de Morena y sus aliados electorales y los de la oposición en contra, el Senado de la República aprobó ayer modificaciones al fuero presidencial que aumentan delitos por los que el titular del Ejecutivo federal puede ser juzgado, lo que el panista Damián Zepeda calificó de “simulación”, porque aquel no se elimina, ni el mandatario en turno será enjuiciado como “cualquier ciudadano” y hasta dijo que renunciaría a su cargo si así llegara a ser.
El decreto aprobado establece que “el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano”, que motivó la reacción del senador blanquiazul.
En víspera de que informe hoy el color que mantendrá el semáforo epidemiológico por el Covid-19 en la CDMX, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que “es un hecho que las hospitalizaciones aquí se han incrementado, por el elevado número de contagios que se han registrado en los últimos días y que es lo mismo que padecen varias entidades que están en rojo o a punto de volver a ese color”.
Mucha culpa de ello, amén del mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades, es que miles de personas insisten en negarse a usar cubrebocas, respetar la sana distancia e ignorar las elementales medidas sanitarias, con aglomeraciones en transporte público y en grandes centros comerciales y tiendas de conveniencia, como ocurrió en el reciente Buen Fin.
Vaya con esa Guía Ética de la Transformación de México del Gobierno federal, en la que propone que “los corruptos acudan a terapia psicológica” porque “no se debe enfrentar el mal con el mal”, ya que “los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación y terapia psicológica”. De esa manera, se espera “combatir la corrupción” del pasado y, sobre todo, del presente, de la que sobran ejemplos.
Y es que está más que visto que en este sexenio se hurga en el pasado inmediato y mediato, mas no en lo que ha ocurrido en los dos años que están por cumplirse el 1 de diciembre, por la “exoneración” de la Secretaría de la Función Pública de actuales funcionarios acusados, con pruebas, de incurrir en ilícitos, que ni con el cumplimiento de esa Guía van a redimirse.
Ese nuevo diferendo entre el Presidente López Obrador y su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ahora por si los feminicidios son lo mismo que homicidios, como él lo sostiene, y ella discrepó al insistir en que son distintos, vuelve a dejar en claro cómo andan las cosas en el Gobierno
