Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que cualquier empresa o gobierno local podrá comprar y aplicar vacunas contra Covid-19, Transparencia Mexicana, la oficina en México de Transparencia Internacional dijo que dará seguimiento a la adquisición de las dosis a nivel federal y estatal.
“Transparencia Mexicana activó un mecanismo de seguimiento para contrastar los niveles de acceso a la información en la contratación de las vacunas”, dijo la organización en un comunicado.
Señaló que dicho mecanismo incluirá las adquisiciones que se realicen con recursos fiscales a través de la UNOPS, el Fondo Rotatorio de la OPS y la iniciativa Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En coordinación con la Iniciativa Global para las Contrataciones Abiertas (OCP por sus siglas en inglés, Open Contracting Partnership), Transparencia Mexicana analizará qué tan “abiertas” son las contrataciones del Gobierno federal y los 32 estados del país para la adquisición de vacunas y tratamientos para enfrentar la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.
Transparencia Mexicana señaló que, según sus consideraciones, “sin perjuicio de los derechos de las empresas para proteger patentes y otras estrategias comerciales”, se puede ampliar de manera significativa el nivel de transparencia y apertura gubernamental sobre el uso de recursos públicos invertidos en la adquisición de las vacunas y tratamientos contra la Covid-19.
“Las decisiones que tomen la federación, los estados de la república y algunos municipios con capacidad financiera para adquirirlas (vacunas), excederán el periodo de emergencia sanitaria. Lo decidido por autoridades federales y estatales afectará no sólo la compra de la aplicación inicial y refuerzos. Muy probablemente se convertirá en una compra sistemática y recurrente del Estado mexicano para la próxima década”, dice la organización.
Transparencia Mexicana informo que establecerá comunicación con autoridades federales, estatales y municipales, así como con órganos autónomos, para asegurarse que se cumpla cabalmente lo dispuesto en los artículos 6, 28 y 134 constitucionales, que norman la transparencia, las adquisiciones gubernamentales y la competencia económica en territorio nacional.
