Morelia, Michoacán; a 19 de noviembre de 2020.- Con la propuesta de reforma a la Ley de Ingresos 2019 que envió el titular del Ejecutivo al Congreso del Estado, este pretende convalidar la ilegalidad y la serie de tropelías que se cometieron en contra del poder legislativo hace un año cuando se discutió el endeudamiento que planteó el gobierno.
«La Corte ha aprobado un proyecto que cancela el procedimiento mediante el cual una mayoría ficitcia en el Congreso se subordinó al designio del gobernador de endeudar al estado por 4 mil 090 millones de pesos y ahora se pretende subsanar esos errores, nuevamente fast track y violentando el trato de pares que debe haber entre poderes», señalaron.
El comunicado firmado por los diputados Cristina Portillo Ayala, Osiel Equihua Equihua, Sandra Luz Valencia y Alfredo Ramírez Bedolla señala que «en la nueva propuesta del gobierno, se pretende evitar que la Corte llegué a la emisión de una sentencia definitiva que cierre la puerta al endeudamiento y no se aborda ningún argumento nuevo, solo que ahora las condiciones económicas son distintas y mucho más frágiles que cuando se hizo el planteamiento original: la economía se contrajo y en consecuencia la capacidad recaudatoria del gobierno, por lo que una mayor deuda significaría un mayor compromiso de pasivos como proporción de la economía y de los recursos del gobierno, esto deterioraría la capacidad crediticia del estado», remarcaron los diputados.
Los legisladores señalaron además que, atropellando la soberanía del Congreso, «el gobernador pretende que el Legislativo sea un simple enmendador que corrija sus errores y que la contratación de deuda ahora sí se ajuste al procedimiento legislativo y se vote el dictamen con la aprobación de las dos terceras partes para informar a la Suprema Corte que los vicios fueron subsanados y solicitar que la acción de inconstitucionalidad quede sin materia y así obtener una sentencia favorable», se remarca en el texto también suscrito por los morenistas Antonio Madriz Estrada, Zenaida Salvador Brígido, Teresa López Hernández y Mayela Salas Sáenz.
Informaron que solicitarán a la Suprema Corte una medida cautelar, informándole de la intentona del Ejecutivo de dar este albazo, toda vez que le urge justificar moralmente un empréstito que ya recibió y que equivale a 2 mil millones de pesos mismos que se reflejaron en el informe de la cuenta pública del tercer trimestre de este año.
Finalmente, en el texto suscrito además por Fermín Bernabé Bahena, Laura Granados Beltrán, Francisco Cedillo de Jesús y Sergio Báez Torres, se dice que la Corte les ha dado la razón en el debate del año pasado al encontrar vicios tales como que no se entregó a los diputados el dictamen de la ley de ingresos con al menos 24 horas de anticipación a la sesión, además de que tampoco se obtuvo la votación de los dos terceras partes de los diputados presentes, la cuál es un requisito esencial para que se pueda autorizar al ejecutivo al contratación de nueva deuda. «Estamos ganando el debate jurídico y volveremos a ganar el debate frente a la opinión pública para evitar que el ejecutivo siga comprometiendo irracionalmente el futuro de la entidad», concluyeron.
