Se prevé que la manifestación termine en el primer cuadro de la ciudad, donde desde temprana hora fue blindado Palacio de Gobierno
Desde las 10 de la mañana, los cientos de personas partieron desde Casa Michoacán hacia la Fiscalía General de Michoacán.
A lo largo de su trayecto, lanzan cohetes y realizan pintas en algunas paredes.
A su arribo a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública golpearon las cámaras de seguridad y pintarrajeron la puerta de acceso.
Posteriormente, en la Fiscalía General del Estado los manifestantes lanzaron piedras y pintarrajearon los vidrios; asimismo, destrozaron computadoras y muebles.
¿QUÉ PASÓ EN ABRIL DE 2017?
Los hechos se suscitaron en el marco de un conflicto agrario entre las comunidades indígenas de Capácuaro y Arantepacua, que derivó en bloqueos carreteros realizados por integrantes de ambas comunidades. Con la finalidad de solucionar el conflicto, la Secretaría de Gobierno de Michoacán realizó mesas de negociación con ambas poblaciones.
Sin embargo, el 4 de abril, 38 representantes de Arantepacua, que acudieron a una mesa de diálogo con diversas autoridades estatales, fueron detenidos de forma violenta por una patrulla que custodiaba el autobús en el que viajaban, lo cual ocasionó que nuevos representantes de la comunidad acudieran el 5 de abril a la Secretaría de Gobierno para solicitar la liberación de los detenidos, a la vez que se realizó un cierre carretero a la altura de Zirahuén, donde fueron retenidos vehículos y camiones de transporte.
Al tener conocimiento de la retención de vehículos y de dos personas, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) organizó un operativo en conjunto con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJ-M) para “solicitar la liberación de las personas y los vehículos retenidos, garantizar el orden y la paz pública en esa región”.
La SSP elaboró una Orden General de Operaciones en la cual se estableció la participación de 300 elementos (200 pertenecientes al grupo antimotines, 80 a la Dirección de Tránsito y Movilidad, y 20 a la Coordinación de Regiones). Durante la investigación, la SSP informó a la CNDH que fueron hostilizados por integrantes de la comunidad de Arantepacua, y que, alrededor de las 15:00 horas, hubo disparos en su contra, por lo que repelieron la agresión y utilizaron fuerza letal.
De la investigación realizada por la CNDH, se acreditó que además de los 300 efectivos señalados, acudieron un número mayor de elementos policiales estatales y un contingente de SEDENA y Policía Federal que no tuvo contacto con la población. El operativo concluyó alrededor de las 18:00 horas y como consecuencia de los hechos se reportaron 5 fallecimientos (un adolescente, tres adultos y un policía estatal); un número indeterminado de heridos; múltiples personas afectadas por el lanzamiento de gases lacrimógenos; cateos y allanamientos en domicilios, y 10 personas detenidas.
Esta Comisión Nacional acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas el día 4 de abril; la violación al derecho a la privacidad, inviolabilidad del domicilio e inobservancia del principio de legalidad por el cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes de Arantepacua, así como afectaciones a nivel colectivo por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza con motivo del lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de manera indiscriminada a la población.
