Al final de la manifestación se acordó una mesa de diálogo con miembros de gobierno del estado y se realizó un mitin político sobre la avenida Francisco I. Madero.
Cientos de comuneros, normalistas e integrantes de la CNTE se manifestaron este martes en la capital michoacana para exigir justicia por los hechos registrados hace 5 años en la comunidad de Arantepacua, donde murieron 4 civiles.
Desde las 10 de la mañana, partieron desde Casa Michoacán hacia la Fiscalía General de Michoacán en donde realizaron destrozos en la fachada.
A lo largo de su trayecto, lanzaron cohetes y realizaron pintas en algunas paredes.
Las peticiones de los protestantes son la destitución del fiscal general del estado, Adrián López Solís, la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la restitución del daño a las personas afectadas.
Los manifestantes salieron de Casa Michoacán hacia la Fiscalía General del Estado, donde con palos y piedras rompieron vidrios ingresaron a las oficinas, donde lanzaron cohetones, y dañaron el mobiliario.
Situación similar se presentó en las instalaciones de barandilla, posteriormente tomaron el periférico hacía la salida a Quiroga, con la intención de dirigirse hacia el Centro de la capital michoacana.
A su paso, los manifestantes además de gritar consignas acordes a sus peticiones, realizaron pintas en diversos inmuebles.
También parte del contingente destruyó dos motocicletas de la Policía Michoacán.
Enrique Guerrero, miembro del grupo de activista Liquidámbar, señaló que el fiscal se debe retirar del caso, debido a que tiene un conflicto de intereses, dado que el 5 de abril de 2017 cuando ocurrió el caso, López Solís, era el secretario de Gobierno de Michoacán y se manifestó abiertamente en favor del actuar de la policía.
Asimismo, señaló que a cinco años del caso solo se hicieron pruebas de balística a 30 de los más de 200 policías que participaron en el operativo y que no hay información de los reportes policiales.
La marcha concluyó a la entrada de Palacio de Gobierno, donde se incendiaron tres figuras en representación de Adrián López Solís, Armando Hurtado, ex subsecretario de Gobierno, y Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador.
Asimismo, hubo un intento de quemar la puerta del inmueble y se rompieron cristales, pero fue apagado por las autoridades policiales desde el interior.
Posteriormente se acordó una mesa de diálogo con miembros de gobierno del estado y se realizó un mitin político sobre la avenida Francisco I Madero.
Ante los hechos violentos en la Fiscalía, así como en la SSP y Barandillas, comercios del centro histórico cerraron sus negocios.
¿QUÉ PASÓ EN ABRIL DE 2017?
Los hechos se suscitaron en el marco de un conflicto agrario entre las comunidades indígenas de Capácuaro y Arantepacua, que derivó en bloqueos carreteros realizados por integrantes de ambas comunidades. Con la finalidad de solucionar el conflicto, la Secretaría de Gobierno de Michoacán realizó mesas de negociación con ambas poblaciones.
Sin embargo, el 4 de abril, 38 representantes de Arantepacua, que acudieron a una mesa de diálogo con diversas autoridades estatales, fueron detenidos de forma violenta por una patrulla que custodiaba el autobús en el que viajaban, lo cual ocasionó que nuevos representantes de la comunidad acudieran el 5 de abril a la Secretaría de Gobierno para solicitar la liberación de los detenidos, a la vez que se realizó un cierre carretero a la altura de Zirahuén, donde fueron retenidos vehículos y camiones de transporte.
Al tener conocimiento de la retención de vehículos y de dos personas, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) organizó un operativo en conjunto con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJ-M) para “solicitar la liberación de las personas y los vehículos retenidos, garantizar el orden y la paz pública en esa región”.
La SSP elaboró una Orden General de Operaciones en la cual se estableció la participación de 300 elementos (200 pertenecientes al grupo antimotines, 80 a la Dirección de Tránsito y Movilidad, y 20 a la Coordinación de Regiones).
Durante la investigación, la SSP informó a la CNDH que fueron hostilizados por integrantes de la comunidad de Arantepacua, y que, alrededor de las 15:00 horas, hubo disparos en su contra, por lo que repelieron la agresión y utilizaron fuerza letal.
De la investigación realizada por la CNDH, se acreditó que además de los 300 efectivos señalados, acudieron un número mayor de elementos policiales estatales y un contingente de SEDENA y Policía Federal que no tuvo contacto con la población.
El operativo concluyó alrededor de las 18:00 horas y como consecuencia de los hechos se reportaron 5 fallecimientos (un adolescente, tres adultos y un policía estatal); un número indeterminado de heridos; múltiples personas afectadas por el lanzamiento de gases lacrimógenos; cateos y allanamientos en domicilios, y 10 personas detenidas.
Esta Comisión Nacional acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas el día 4 de abril; la violación al derecho a la privacidad, inviolabilidad del domicilio e inobservancia del principio de legalidad por el cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes de Arantepacua, así como afectaciones a nivel colectivo por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza con motivo del lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de manera indiscriminada a la población.
