Con 37 votos a favor y dos en contra, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos del estado para 2022 que ascienden a 81 mil 546 millones 87 mil 927 pesos, considerando 470 millones de pesos de deuda.
Solo dos diputados del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Manuel Manríquez y Mónica Estela Valdez Pulido argumentaron su voto en contra de del dictamen que fue aprobado en lo general casi a las seis de la mañana, con reservas de los artículos 1, 20, 21, así como el transitorio tercero para hacer adiciones.
No hubo discusión, los perredistas anunciaron su voto en contra del reemplacamiento y de más deuda y el petista Baltazar Gaona se sintió ofendido por considerar que el PRD es el responsable de la situación económica que vive el estado y que obliga al gobierno de la cuarta transformación a tomar esas medidas y fue secundado por su correligionaria Gabriela Cázares Blanco.
La deuda que no es deuda El financiamiento podrá ser contratado con la o las instituciones del sistema financiero mexicano, que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, a través de uno o varios créditos, a tasa fija.
Los recursos deberán destinarse a obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y, de manera particular, a obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad.
Sin perjuicio de que del monto de financiamiento que se decida contratar, observando el marco normativo aplicable, podrá en su caso destinarlo como recurso de contraparte, con las dependencias de los distintos órdenes de gobierno.
El financiamiento deberá pagarse en un plazo de hasta seis años, contados a partir de la primera disposición, sin rebasar en ningún caso del 1 de septiembre de 2027.
Los demás términos y condiciones se pactarán en los contratos respectivos, el financiamiento autorizado se podrá contratar a través de la celebración de uno o varios créditos, a más tardar el 31 de diciembre 2022.
Se autorizó al Ejecutivo, para que afecte como fuente de pago el derecho y los ingresos de hasta el 25 por ciento que le correspondan al estado del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes al año en que los financiamientos hayan sido contratados, así como cualquier otro derecho e ingreso que, en su caso, lo modifique, sustituya o complemente, sin afectar derechos de terceros.
En el dictamen aprobado se consideran ingresos derivados de financiamientos, los de corto plazo, los de largo plazo y, en general, todas las operaciones de endeudamiento que comprendan obligaciones a plazos, así como obligaciones de exigibilidad contingente derivadas de actos jurídicos, independientemente de la forma en que se les documente.
