El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este miércoles aplazar la discusión del proyecto que propone multar al Partido del Trabajo (PT) de 119.8 millones de pesos por el presunto desvío de recursos que le entregó el gobierno de Nuevo León.
El aplazamiento, para la sesión del próximo viernes 3 de septiembre, fue aprobado por los consejeros electorales a solicitud del representante del PT ante el INE, Pedro Vázquez González.
Vázquez solicitó que se retirara del orden del día este proyecto de acuerdo, a fin de contar con más tiempo para revisarlo y analizarlo. El representante argumentó que el documento fue entregado apenas este martes a los partidos, y propuso discutirlo en la siguiente sesión del Consejo General.
El representante del PT argumentó también que “dado que por la premura por parte de la Comisión de Fiscalización al resolver este proyecto de acuerdo y presentarlo a la consideración de los integrantes de este Consejo General, se han encontrado un sinnúmero de errores, de imprecisiones en el contenido del mismo”.
Además, aseguró que estas irregularidades fueron consignadas por la consejera Dania Ravel Cuevas, que reportó haber detectado 14 errores en el contenido del proyecto.
Sin embargo, Ravel Cuevas le respondió que los errores detectados éstos no ameritaban una devolución del proyecto para hacer una revisión del mismo.
A la solicitud de Pedro Vázquez González se sumaron los representantes del PRI, Gerardo Triana Cervantes, y de Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro Rendón.
“Efectivamente, mandé varias observaciones, pero todas son observaciones de forma, no hay nada sustantivo dentro de lo que mandé, por ejemplo, que se haga bien una sumatoria, que una gráfica coincida con lo que dice el texto, que se revise una fecha, pero son de esa índole las observaciones”, dijo.
En cuanto a la premura acusada por el representante del Partido del Trabajo con fue entregado el proyecto a los partidos, el consejero Jaime Rivera Velázquez afirmó que la investigación sobre el origen de los recursos que habrían llegado al partido del gobierno de Nuevo León data del 2017, y que el instituto político tuvo acceso al expediente, por lo que tuvo tiempo para presentar su defensa.
“Hay que decir que el partido imputado tuvo desde que se presentó la queja acceso al expediente y tuvo oportunidad de presentar todos sus argumentos de defensa y de aclaración, de tal manera que no es algo, no se puede decir que sea algo nuevo o imprevisto”, dijo el consejero.
