El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, exhortó este domingo al Instituto Nacional Electoral (INE) a vigilar a los llamados “Siervos de la Nación” y “cuidarles las manos” para que no entreguen dinero ni hagan propaganda electoral por el gobierno de México mediante .la aplicación de la vacuna contra la Covid-19.
Cortés Mendoza afirmó que también respalda la decisión del INE por la que se le prohíbe al presidente Andrés Manuel López Obrador referirse al proceso electoral que habrá en el mes de junio.
“Celebramos que el INE empiece a limitar ese abuso por parte del presidente, que ha dedicado horas para golpear sin sustento a la oposición, que abusa al promover a su partido. Ahora pedimos que además de cuidar la boca al presidente, se les cuiden las manos a los mal llamados “Siervos de la Nación”, manifestó.
El panista aseguró que López Obreador está haciendo campaña de forma “dolosa y tramposa” con la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 mediante su operador electoral y los delegados de sus programas del bienestar.
“Ellos son los encargados de manipular el gasto electoral disfrazado de programas sociales”, acotó.
Agregó que en México únicamente se han recibido menos de un millón de dosis de vacunas que sólo alcanzan para 250 mil personas. Además, acusó que se están maquillando las cifras sobre la cantidad exacta que recibirá el país.
“Están haciendo una campaña nacional de vacunación contra Covid sin vacunas, y al mismo tiempo, una campaña electoral a través de los mal llamados Siervos de la Nación”, reiteró.
Declaró que López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell han manejado la crisis sanitaria de forma política lo que “está provocando muertes que pudieron evitarse”.
“Su decisión de hacer campaña política con la vacunación está retrasando el proceso e incrementando el número de muertes. Ante la evidente falta de resultados el gobierno, ahora quiere construir el triunfo electoral de Morena sobre miles y miles de cadáveres”.
Cortés Mendoza aseveró que la vacuna contra la Covid-19 debe ser un derecho universal y el gobierno está obligado a conseguir las dosis necesarias para inmunizar a la población.
