Una raya más al tigre. En esta ocasión, una gruesa raya petrolera.
El viernes pasado, el presidente López Obrador envío al Congreso una iniciativa de reformas a la Ley de Hidrocarburos, que esencialmente le da a la autoridad mayores poderes para suspender permisos a las empresas privadas.
Con la reforma energética aumentó el ámbito de actividades de la industria petrolera en las que podría intervenir el sector privado. Y, en la mayor parte de los casos, esa posibilidad se ofreció a través de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la propia Secretaría de Energía.
La reforma propuesta plantea que ante riesgos a la seguridad nacional, a la seguridad energética o a la economía nacional, el Estado suspenda los permisos e incluso tenga la posibilidad de tomar el control y operar las instalaciones de los negocios cuyo permiso haya sido suspendido, a través de las empresas productivas del Estado, o sea Pemex y CFE, esencialmente.
Las actividades en las que puede suceder lo anterior tienen que ver principalmente con manejo, almacenamiento, transporte y distribución de todo tipo de hidrocarburos.
Esto implicaría desde tomar el control de las gasolineras hasta los centros de almacenamiento, plantas o ductos.
Algunos expertos y diversos participantes en la industria de los hidrocarburos señalan que el riesgo de expropiación se respira en la iniciativa.
No se habla expresamente de ella, pues eso provocaría conflictos inmediatos en el marco del TMEC, pero señalan que se da esa opción de facto.
El argumento esgrimido por la autoridad, específicamente la secretaria de Energía, Rocío Nahle, es que con esa reforma se “sancionará y cancelará permisos a quienes incurran en ilícitos; contrabando y alteración del componente de combustibles y vigila el balance en el mercado y el almacenamiento”.
En lo que toca a la cancelación de permisos para quienes incurran en ilícitos, contrabando o alteración, es decir, los huachicoleros, la realidad es que el texto de la actual ley ya permite suspender permisos si hay ilícitos.
La mayor novedad respecto al estatus actual es la inclusión del nuevo artículo 59 bis de la ley, que señala como causales de suspensión del permiso las que señalábamos y que tienen que ver con la seguridad nacional, energética o la economía nacional, pero sin definir cómo se van determinar esos riesgos.
¿Por qué poner sobre la mesa la iniciativa en este momento?
A mi parecer, hay dos motivos. Uno de orden estratégico y otro de carácter político electoral.
El primero tiene que ver con el objetivo de fortalecer las empresas estatales del sector energético y a la autoridad en la materia. Por eso la reforma eléctrica que suspendieron los jueces. Se quiere revertir de facto la reforma energética. Ya se había hecho en el ámbito eléctrico, faltaba en el de los hidrocarburos.
El segundo es de orden electoral. El presidente López Obrador, en su narrativa, ha construido un conjunto de ‘villanos’, entre los que están las empresas que aprovecharon la reforma eléctrica para obtener energía de manera más eficiente. También están los jueces que dieron suspensiones. Ahora el INE, que bajó varias candidaturas, entre ellas la de Salgado Macedonio.
Pues a esa lista, súmele los gasolineros, de quienes ha dicho que se aprovechan del subsidio que se ha otorgado o los operadores de ductos o de terminales de almacenamiento.
Al gobierno no parece importarle el efecto que este hecho tenga en la inversión, pues evidentemente va a inhibirla.
Y tampoco el que probablemente se esté violando la Constitución al limitar condiciones de competencia en un mercado que la reforma de 2013 abrió.
Así como llegaron los amparos en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, así vendrán también con esta propuesta.
Viviremos tiempos tensos, inciertos y complicados.
