El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, descartaron este domingo buscar una candidatura política tras concluir sus cargos el próximo abril, pese a que el gobierno los acusa de buscar un puesto con la oposición.
Los funcionarios del organismo autónomo afirmaron a EFE que volverán a sus puestos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque en Morena señalan a Córdova como candidato presidencial de la oposición para 2024.
“Vamos a seguir haciendo política desde la trinchera de la academia y de la opinión pública, que no es política partidista”, sostuvo Córdova.
“Y en ese sentido las únicas boletas en las que van a aparecer en el futuro nuestros nombres, van a ser las boletas de calificaciones de nuestros alumnos en la universidad”, añadió.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y políticos de Morena han acusado a Córdova y Murayama de pertenecer a la oposición por sancionar a sus candidatos y cuestionar la reforma electoral del gobierno.
Sin embargo, Murayama aseguró que “no está en su perspectiva” ser candidato a un cargo de elección popular.
“A mí me gusta mucho el futbol y yo no conozco a un árbitro que, después de que se retire, se meta a patear el balón”, expresó.
Los consejeros hicieron estas declaraciones durante una entrevista sobre su nuevo libro “La democracia no se toca”, en el que alertan del riesgo que corre la autonomía de las elecciones por la reforma que impulsa el gobierno.
“Terminamos nuestro encargo con la satisfacción del trabajo hecho por una institución, pero con la preocupación de la amenaza que hay sobre esa institución”, aseveró Murayama.
López Obrador presentó una reforma constitucional en 2022 para reemplazar al INE que fracasó en diciembre por no alcanzar los dos tercios necesarios del Congreso para cambiar la Constitución.
Sin embargo, el mandatario envió entonces una reforma legal, conocida como el “Plan B”, que sólo requiere mayoría simple y está pendiente de aprobarse en el Senado, con la que promete ahorrar 3 mil 500 millones de pesos y modificar el funcionamiento del INE.
