El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó por unanimidad que el Diputado Federal Gerardo Fernández Noroña incurrió en violencia política de género en contra de su homóloga Adriana Dávila Fernández, por sus expresiones realizadas en un acto público celebrado en el Patio Vitral del Congreso de Tlaxcala.
Durante la presentación del proyecto, el Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, aclaró que, a pesar de la violación en que incurrió, el legislador no será incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, aprobado el pasado 4 de septiembre, producto de la reforma constitucional de este año.
“Si las desafortunadas expresiones hubiesen ocurrido después del 13 de abril de 2020, el asunto se habría abordado a través de un procedimiento especial sancionador y le correspondería a la Sala Especializada del Tribunal Electoral pronunciarse sobre el fondo y las sanciones podrían ser otras y con consecuencias, quizá, más severas”, manifestó.
Al parafrasear al diputado, la Consejera Adriana Favela rechazó que sus palabras sean parte de un discurso político o una postura al trabajo de la legisladora ya que, por el contrario, reproduce estereotipos y roles de género.
“El mensaje que estamos dando es cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres y, sobre todo porque vamos, en el 2021, al proceso electoral más grande de toda la historia de nuestro país, y tenemos que garantizarles a las mujeres que participen libres de violencia”, afirmó.
En su intervención, la Consejera Claudia Zavala lamentó las expresiones que vertió el acusado en la mesa del Consejo General durante la discusión del tema, por considerar que éste recurrió a falacias ante la falta de argumentos para desestimar la violencia que ejerció en contra de la diputada.
Por lo que, al acreditarse la infracción, se vinculó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,instancia superior jerárquica, a efecto de que proceda a determinar la sanción correspondiente, así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que implemente medidas de reparación integral emitidas en favor de la víctima.
No obstante, la Consejera Carla Humphrey confió en que la Cámara de Diputados actúe y sancione al legislador, considerando que hay antecedentes de casos en que a pesar de acreditarse la violencia política de género no hubo consecuencia alguna para los agresores.
El Consejero Jaime Rivera aseguró que expresiones tan amenazantes y ofensivas hacia una legisladora atentan en contra del ejercicio del cargo político, pretenden inhibir su actividad política y constituyen una amenaza contra el derecho fundamental que tiene a expresarse por medio de la palabra.
“La conducta es grave, las pruebas contundentes, la argumentación del proyecto es clara y robusta, esperemos que la Cámara de Diputados haga su parte”, añadió.
Por su parte, la Consejera Dania Ravel rechazó que en un país en el que diariamente son asesinadas más de 10 mujeres, haya cabida para expresiones que incitan a la violencia contra las mujeres, que las discriminan por ser mujeres.
Asimismo, negó que las expresiones vertidas por el legislador estén amparadas por el artículo 61 de la Constitución que protege la libre discusión y decisión parlamentaria, ya que fueron dichas en un evento que no fue organizado por el Poder Legislativo y que exceden los límites de la libertad de expresión.
“No tenemos indicios de que las expresiones se hayan realizado en el marco de un debate parlamentario y los diversos instrumentos internacionales que ha suscrito México coinciden en que un límite expreso a la libertad de expresión, es toda apología al odio que incita a la discriminación, la hostilidad o a la violencia”, sentenció.
