La Sala Penal de la Audiencia Nacional de España declaró procedente la extradición de Alonso Ancira, tras negarle recurso de súplica
Una jueza federal abrió el camino para que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecute orden de aprehensión contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), una vez que España lo entregue a México.
A Ancira Elizondo se le concedió una suspensión provisional para evitar su captura por el caso de la planta de Agro Nitrogenados, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No obstante, un Tribunal Colegiado revocó dicha medida cautelar debido a que la Fiscalía resaltó que el dueño de AHMSA omitió presentar ante la jueza sobre su situación jurídica en España.
El Ministerio Público Federal informó que la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España declaró procedente su extradición, tras negarle el recurso de súplica.
También, mandató su búsqueda, detención e ingreso a un centro carcelario, y que se le devolviera la fianza de un millón de euros que depositó para gozar de su libertad.
En la misma fecha (6 de noviembre), agentes de la policía nacional española procedieron a su detención e internamiento en el centro penitenciario de Mallorca; y, el 11 de noviembre siguiente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la prisión provisional del quejoso como medida cautelar para garantizar que no se dé a la fuga”, indica el expediente.
Luego, la jueza procedió a negar la suspensión definitiva, por lo que Ancira no goza de protección para evitar su detención si ahora es extraditado.
La FGR esgrimió ante la autoridad judicial que la suspensión solicitada por Ancira Elizondo no le serviría porque se halla sujeto a otra autoridad judicial extranjera.
Dicho señalamiento fue compartido por el Tribunal Colegiado que revocó la suspensión.
“El quejoso se encuentra bajo jurisdicción de autoridades de España, inclusive sometido a diversa medida cautelar (prisión provisional) para garantizar que no se dé a la fuga, lo cual como se ha dicho, actualiza una imposibilidad jurídica y material para que el amparista pueda quedar bajo la jurisdicción de las autoridades mexicanas (de amparo y la responsable) y, eventualmente para que pudiese dar cumplimiento a cualquier medida de aseguramiento que pudiera emitir la autoridad de amparo”, manifiesta el expediente.
El Tribunal Colegiado estableció en su resolución que, si con posterioridad cambian las circunstancias tanto jurídicas como materiales de Alonso Ancira y aún no se ha emitido sentencia ejecutoria en el juicio de amparo del que deriva este caso, el empresario podrá solicitar de nuevo la suspensión.
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no amerita prisión preventiva oficiosa. Se puede enfrentar en libertad, pero según fuentes federales, la FGR buscará que Ancira no goce de dicho beneficio para impedir que evada la justicia.
