Reforma electoral: poder, miedo y la disputa por el árbitro
“Quieren desaparecer a quienes piensan diferente de los que están en el poder”.
La frase no es exagerada si se observa el contexto en el que se cocina la nueva reforma electoral. Morena va por la supremacía; el PT y el PVEM, por la sobrevivencia; la oposición intenta resistir en nombre de la pluralidad y la equidad; mientras que la sociedad —cada vez más distante— exige democracia funcional y gobernabilidad real.
Durante décadas, las reformas electorales en México tuvieron una lógica clara: nacían desde la oposición, se construían por consenso y eran aceptadas por el gobierno en turno como precio para garantizar estabilidad política, alternancia y confianza en las elecciones. Así ocurrió desde la reforma de 1977 hasta la de 2014. El árbitro se fortalecía, el juego se equilibraba y el sistema respiraba.
Hoy el escenario es radicalmente distinto.
La reforma electoral que prepara el Ejecutivo federal no surge del reclamo opositor ni de una exigencia ciudadana ampliamente consensuada, sino del poder mismo. Es el gobierno quien propone cambiar las reglas del juego cuando ya controla la Presidencia, el Congreso y la mayoría de los gobiernos estatales. Para especialistas y partidos opositores, el objetivo no es mejorar la democracia, sino asegurar la permanencia en el poder.
De ahí el calificativo que ha encendido el debate: la “Ley Maduro”.
No se trata solo de una etiqueta retórica. Las propuestas que han trascendido —recorte al presupuesto del INE y del TEPJF, desaparición de institutos y tribunales electorales locales, elección por voto popular de los árbitros electorales, reducción del financiamiento a partidos y eliminación de legisladores plurinominales— configuran, según expertos, un sistema donde la equidad desaparece y la mayoría se convierte en dominación.
La experiencia comparada es clara: cuando el gobierno controla al árbitro, las elecciones dejan de ser competencia y se vuelven trámite.
José Woldenberg lo resumió con crudeza: hoy existe una sobrerrepresentación “caricaturesca”. Una coalición que obtuvo poco más de la mitad de los votos terminó con casi tres cuartas partes del Congreso. Eliminar la representación proporcional no corregiría esa distorsión; la profundizaría. Sin plurinominales, Morena y aliados habrían alcanzado hasta 85% de las curules con apenas 54% de la votación.
Eso no es mayoría: es aplastamiento institucional.
El discurso oficial insiste en reducir costos y combatir privilegios, pero la discusión real no está en el gasto, sino en el control. La negativa a blindar la autonomía del INE, el rechazo a garantizar su presupuesto y la afirmación de que los órganos electorales “no pueden ser autónomos” revelan la lógica de fondo: subordinar al árbitro al poder político.
Ni siquiera al interior del propio INE hubo unanimidad. El desacuerdo fue total. Y si el árbitro no logra consensos mínimos, ¿qué puede esperar el país de una reforma impuesta desde el Ejecutivo?
El trasfondo es más profundo. Tras capturar o desaparecer organismos autónomos, construir mayorías legislativas sobrerrepresentadas y someter al Poder Judicial mediante elecciones de baja participación y dudosa legitimidad, la reforma electoral aparece como la última pieza del rompecabezas: controlar las elecciones para no perder el poder.
Los datos incomodan al régimen. Apenas la mitad del electorado votó por Morena y sus aliados en 2024; el abstencionismo sigue rondando el 40%; y en elecciones locales recientes el oficialismo perdió terreno. Frente a ese escenario, el mensaje parece claro: si la sociedad no garantiza la victoria, que la garanticen las reglas.
Por eso la oposición habla de un punto de no retorno. De un “último clavo en el ataúd de la democracia”.
La reforma electoral no es un debate técnico ni administrativo. Es una disputa por el futuro del régimen político. No se discute cuánto cuesta el INE, sino quién cuenta los votos, quién valida los resultados y quién puede competir.
Morena tiene la mayoría. Lo que está por verse es si también quiere tener límites. Porque la historia mexicana —y latinoamericana— ya dejó una lección clara: cuando el poder deja de tolerar la diferencia, la democracia deja de existir, aunque las urnas sigan ahí
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