La familia del paciente de 92 años interpuso una denuncia contra el hospital por homicidio culposo y desobediencia a la demanda judicial
En Buenos Aires, Argentina, murió un paciente de COVID-19 al que un juez federal ordenó suministrarle dióxido de cloro para mejorar su estado de salud.
El pasado 7 de enero, Jorge García Rúa fue internado en el Sanatorio Otamendi por COVID-19 y ante su gravedad el neurocirujano Dante Converti recomendó administrarle dióxido de cloro.
Ante la negativa, la familia del paciente de 92 años interpuso un recurso que derivó, el 9 de enero, en la orden del juez federal Javier Pico para suministrar al paciente dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones.
Jorge García Rúa recibió el dióxido de cloro 48 horas después, pero murió al día siguiente.
De acuerdo con el abogado de la familia, Martín Sarubbi, el paciente tuvo una notable mejoría tras recibir el medicamento, con lo que calificó el tratamiento como ‘efectivo’.
Afirmó que la muerte del hombre se debió a una presunta infección intrahospitalaria, por lo que la familia interpuso una denuncia contra la clínica por homicidio culposo y desobediencia a la demanda judicial.
El Sanatorio Otamendi no debió demorar 48 horas para realizar la práctica médica. Vamos a pedir un allanamiento para obtener la historia clínica”, dijo el abogado a Radio 10.
Sin embargo, la clínica asegura que Jorge García empeoró en lo respiratorio tras recibir el dióxido de cloro.
Ante el caso, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) emitió un comunicado para manifestar su total respaldo a sus colegas del Sanatorio Otamendi.
Señaló que el dióxido de cloro “no tiene ninguna evidencia científica para ser utilizado como droga de tratamiento” en tanto que la nebulización con ibuprofeno no cuenta con trabajos científicos que avalen su indicación de tal forma.
La SATI repudió que la justicia obligara a médicos a indicar un producto sin respaldo científico y sin la autorización de entes de regulación nacionales e internacionales.
Solicitamos que las autoridades competentes den seguridad profesional y garantía jurídica a los profesionales para que puedan actuar con la libertad que otorga la medicina basada en la evidencia científica, y para que se frene la judicialización de la medicina sin razones coherentes”, expuso.
