Entre los aspectos a destacar se encuentra un programa de rotación en el estado, ya que juezas y jueces en materia penal están expuestos a amenazas y presiones.
Morelia, Michoacán. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó este martes la iniciativa de la reforma constitucional al Poder Judicial de Michoacán, que posteriormente entregó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Juan Antonio Magaña de la Mora.
Entre los puntos que de destaca esta iniciativa de reforma a nivel local es que por única ocasión, las magistradas, magistrados, juezas y jueces serán electos por ocho años, uno menos que lo establecido en recién la Reforma Judicial a nivel federal, con el objetivo de empatar con las elecciones de 2033, y posteriormente ya ocupar un cargo por 9 años.
Asimismo, todos los cargos, salvo los que son de elección popular, como escribientes, archivistas, actuarios, secretarios de acuerdos, tendrán que someterse a los criterios de carrera judicial que establezca el propio Tribunal de Justicia de Michoacán.
En el evento celebrado en Casa Michoacán, el Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de Michoacán, César Augusto Ocegueda Robledo, detalló la iniciativa de reforma al Poder Judicial propone, en sintonía con el decreto federal, que la elección de magistrados y jueces sean elegidos por voto directo, libre y secreto de los ciudadanos, y una duración del cargo de 9 años.
También se propone una reestructuración del Poder Judicial con la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, además de una nueva distribución de Regiones Judiciales por materias civil, laboral y familiar. Aunque para la materia penal, a sugerencia del Poder Judicial, se optó una sala unitaria con un magistrado; las salas colegiadas serán tres magistrados por sala, con un presidente y dos integrantes ponentes.
Ocegueda Robledo profundizó que la propuesta es de 7 salas colegiadas en materia civil, familiar y laboral, y para las penales se sugieren ocho unitarias distribuidas en el territorio estatal.
Lo anterior da como resultado un programa de rotación, en el que los jueces penales puedan tener una movilidad en todo el estado de acuerdo a las necesidades del servicio, y los de otras materias solo en la circunscripción donde fueron electos.
Los jueces y las juezas en materia penal están expuestos a amenazas, a presiones, en sus diferentes localidades, y una demanda sentida del Poder Judicial es que tuviera la libertad de mover de región a estos jueces en todo el estado para sacarlos de esa situación”.
Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá la competencia de determinar las responsabilidades administrativas de magistradas, magistrados, juezas, jueces y demás personal del Poder Judicial y podrá emitir sanciones, iniciar procedimientos, desde las más simples, como amonestación, hasta las más complicadas, como destitución o inhabilitación; y también someter a la Legislatura local aquellos casos que requieran un procedimiento de juicio político o de responsabilidad oficial.
Y el Órgano de Administración Judicial tendrá como atribución principal determinar todos los aspectos administrativos, así como temas de asignación de competencia por razón de territorio, por razón de materia; en suma, todas las particularidades que requiera el Poder Judicial para su funcionamiento.
El órgano se integrará por cinco personas, y estará conformado similar al que está actualmente, con una propuesta del Poder Ejecutivo, una del Legislativo y tres del Judicial.
Cada Poder integrará un Comité de Evaluación, que tendrá la responsabilidad seleccionar, de todas las propuestas de aspirantes que se presenten a competir por un cargo de juez o magistrado, a los dos mejores evaluados para proponerlos como candidatos, en total serán 6 candidatos por cargo a elegir.
El Consejero Jurídico destacó que los Comités de Evaluación de los tres Poderes deberán integrarse en un Comité Estatal de Evaluación, con el objeto de “apostarle y abonarle al diálogo, a la construcción conjunta entre Poderes del mejor Poder Judicial que requiere el Estado de Michoacán, por eso la construcción de consensos, candidaturas de unidad que tengan el aval de los tres poderes del estado y esto nos va a dar la selección de los mejores candidatos”.
Otros aspectos relevantes de la iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo estatal, que encabeza Ramírez Bedolla, son que las campañas de promoción de candidatos tendrán una duración de cuarenta y cinco días y en ningún caso habrá etapa de precampaña.
Y juezas y jueces que estén próximos a jubilarse o decidan acceder a un programa de retiro anticipado, gozarán de un haber por retiro.
Asimismo, todos los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial del Estado serán respetados en su totalidad.