La unidad del INE ahora deberá revisar el caso y fiscalizar si hubo recursos públicos para la conformación de los comités promotores de la revocación de mandato
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) que indague el supuesto uso de recursos públicos y financiamiento de Morena y PT para promover la renovación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la consulta sobre revocación de mandato.
En una sesión ordinaria, los magistrados del TEPJF determinaron que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE es competente para conocer la denuncia respecto del origen y destino de los recursos de los partidos políticos, así como para analizar la materia de la denuncia que interpuso el PRD contra Morena y Partido del Trabajo.
«En consecuencia, se revocó el acuerdo impugnado y se ordenó que, de cumplir con los requisitos legales, se admitiera a trámite la denuncia para que se desarrolle el estudio del problema jurídico planteado«, indicó.
El PRD interpuso un recurso de apelación en contra del acuerdo de la UTF del INE, ya que el órgano se declaró incompetente para conocer las infracciones atribuidas a los partidos Morena y del Trabajo (PT), así como a sus dirigentes y diversos servidores públicos en materia de uso indebido de recursos públicos y del financiamiento para favorecer la “renovación” del mandato del titular del Ejecutivo federal, mediante la celebración de un evento público, la conformación y toma de protesta de mil 600 comités promotores.
La unidad del INE ahora deberá revisar el caso y fiscalizar si hubo recursos públicos para la conformación de los comités promotores de la revocación de mandato.
El Tribunal Electoral también confirmó la integración de los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral para el proceso de Revocación de Mandato de 2022.
Determinó que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE es la autoridad competente para conocer y sustanciar las quejas o denuncias en materia de uso indebido del financiamiento de los partidos políticos nacionales en el proceso de revocación de mandato.
